LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: LA EXPERIENCIA SIEMPRE EQUIVALE A RESULTADOS EFECTIVOS

Legalización de documentos: Eficacia y seguridad legal

Cuando uno piensa en traducción jurídica ya sabe que no se trata solamente de traducir, sino que, además, dicha traducción conllevará efectos legales sobre las partes interesadas.

El buen traductor jurídico no sólo se preocupará de realizar dicha traducción: tendrá que asegurarse de que el documento traducido va a poseer un efecto legal válido para su cliente.

El traductor va a buscar los equivalentes terminológicos equipado de material como diccionarios jurídicos, financieros, etc…

Debe ser un conocedor de los sistemas jurídicos de cada país, el de la lengua meta y el de la lengua origen.

Es por la complejidad y seriedad de los asuntos tratados en los documentos legales y por las consecuencias que comportan que, no sólo hay que contar con un traductor jurídico que sepa realizar adecuadamente su trabajo, sino que además garantice la legalización de los documentos traducidos que se aportan.

Legalización de documentos: Validez, autenticidad y calidad

La legalización es un acto administrativo por el que se otorga validez a un documento público extranjero, comprobando la autenticidad de la firma puesta en un documento y la calidad en que la autoridad firmante del documento ha actuado.[1]

Existe, en los países anglosajones, la figura del [2]paralegal, que ocupa un puesto de gestión administrativa y jurídica,con la supervisión de un abogado.

Son tareas repetitivas y el objetivo es que el abogado se ocupe del trabajo más especializado, definición proporcionada en la V edición del “Forum 2010” de Iberian Lawyer.

Pues bien, podríamos compararlo con el traductor jurídico con respecto del traductor jurado, por la autoridad que representan, tanto procuradores como traductores jurados, para hacer efectiva la legalización de documentos, de documentos extranjeros en nuestro país o de documentos españoles en el extranjero, facultad de la que carecen los paralegals y los traductores jurídicos que no están acreditados por el MAEC.

En el artículo “El jurista-lingüista en despachos de abogados”, de Ruth Gámez González, publicado en la revista del Colegio de Abogados de Valladolid en julio de 2010, se señala que es muy importante tener en cuenta que la labor de estos profesionales va más allá, pues también se encargan, de redactar o supervisar contratos en otro idioma o incluso de trabajar con documentos multilingües.

No sólo eso, para asegurarse la legalización de los documentos entregados, el juez puede exigir la traducción jurada de pruebas.

Legalización de documentos

Legalización de documentos: ¿Quién y porqué?

El proceso de selección de un traductor es fundamental: este tendrá que realizar traducciones de documentos legales públicos o privados.

Se trata de documentos redactados por profesionales del Derecho y que pretenden no sólo informar, sino que muchos de ellos pueden tener efectos legales en otro país por lo que debe haber previamente tanto una labor de investigación en el campo del Derecho comparado, así como un interés por legalizar todos los documentos vinculantes.

Así que, el traductor ideal será una mezcla de abogado y traductor, un jurista-lingüista[3], alguien con sólida formación académica en Derecho y en el campo de la traducción pero que, además, se especialice en algún área del Derecho (Derecho Financiero, Derecho Laboral,…)

Pero, más allá de su labor esmerada y delicada también ejerce la función de garantizar la legalización de los documentos con los que va a trabajar.

Legalización de documentos: Freelance/Agencia

El traductor jurídico puede trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena.

Se puede contactar con un traductor jurídico en agencias de traducción especializadas en traducción jurídica, por ejemplo, en sus páginas web o en agrupaciones de traductores como ASETRAD.

El traductor firma un contrato de confidencialidad dado el carácter de los documentos con los que trabaja.

Es usual que la documentación le sea entregada por correo electrónico a un traductor de textos generales, pero a un traductor jurídico, debe llegarle por mensajero y con la firma y el sello obligatorio para avalar la legalización de los documentos.

El traductor jurado pertenece a un registro gestionado por el MAEC y regulado por el artículo 10 del RD 2555/1977; está acreditado por este Ministerio después de haber aprobado un examen realizado por la Oficina de Interpretación de Lenguas.

Sus traducciones tienen carácter oficial. En España, no es un requisito que sean traductores jurados los que participen en los procesos penales, a pesar de que otras administraciones del Estado y las Comunidades  Autónomas acceden a que la traducción de determinados documentos sea realizada por traductores jurados para reconocer la legalización de dichos documentos.

Cuando un despacho de abogados necesita trabajar con un traductor profesional, se le presentan dudas: si se debe traducir el documento completo o si la traducción debe ser jurada.

Como señala el artículo 144 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), los documentos que no estén escritos en castellano o alguna de las lenguas oficiales deben acompañarse de una traducción que puede ser privada, la cual puede ser refutada atendiendo a su exactitud y justificando la disconformidad, con lo cual el Secretario judicial podrá ordenar la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiera presentado, con el objetivo de testimoniar la legalidad de los documentos.

Legalización de documentos: Referencias

Como indica Fernando Cuñado de Castro en el artículo de la revista Abogacía Española titulado “La validez de los documentos traducidos en los tribunales”, no se establecen sanciones para el caso de que no se respete dicha exigencia.

Las consecuencias han tenido que ser interpretadas por la jurisprudencia de varias Audiencias Provinciales y otros juzgados y tribunales, quienes han declarado ausencia de valor probatorio de los documentos aportados sin que se acompañe su traducción. Esta es entonces la consecuencia de saltarse el paso primordial de elegir a un traductor capacitado para legalizar los documentos presentados en los tribunales.

El juez debería seguir la traducción dada por el especialista, aunque puede no hacerlo si la traducción privada no es impugnada por la parte contraria y la fuerza vinculante de la prueba documental afecta sólo al contenido del documento y no a la traducción del mismo o cuando la traducción oficial se derive de una impugnación de la exactitud de la traducción privada, aunque el grado de la motivación judicial debe ser extremo dado el carácter oficial de la traducción.

Por lo tanto, el carácter oficial de una traducción va a determinar la legalización del documento y su valoración judicial.

En el artículo 6.1 del Real Decreto 2555/1977, de 27 agosto se concreta la distinción entre traducción oficial y privada:

Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes.

Legalización de documentos

Legalización de documentos: Imparcialidad

Como se ha dicho, la traducción oficial es realizada por un traductor e intérprete jurado, figura independiente, al no formar parte de ningún órgano de la Administración y ser ajeno al proceso[4], quien, gracias a la acreditación que le otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, está capacitado para certificar la legalidad de los documentos proporcionados y la fidelidad y exactitud de sus traducciones.

Aunque, según la LEC, es imprescindible agregar la traducción para que los documentos puedan ser acreditados, de acuerdo con la normativa actual, esta traducción puede ser realizada por un traductor que no forme parte del registro gestionado por el MAEC, aunque la legalidad de los documentos y la calidad de dicha traducción pueden ser cuestionadas, pudiendo ser la traducción impugnada, agravando los costes de quien la proporciona.

Además, estas traducciones deben llevar siempre sello y firma por un traductor-intérprete jurado y, en la última página, una certificación que acredite su carácter de traducción jurada[5] para garantizar la legalización de los documentos en lengua extranjera ante los organismos oficiales.

A su vez, estos traductores no son funcionarios públicos, sino que son profesionales independientes que ejercen su profesión de forma autónoma o dentro de una empresa, después de haber superado el examen de la Oficina de Interpretación de Lenguas gestionado por el MAEC. Por el contrario, un traductor privado puede ser cualquier persona con conocimiento de lenguas y capacidad para traducir, pero no posee la acreditación oficial para certificar la fidelidad y exactitud de sus traducciones ni tampoco la legalización de los documentos a los que acompañan.

Por otra parte, existen organismos públicos que necesitan reconocer la validez de los documentos y que las traducciones de los mismos sean certificadas para garantizar que son correctas y completas.

Estos organismos exigen, en algunos de sus procesos administrativos y judiciales, la legalización de los documentos traducidos, como en los procesos en los que hay que aportar documentación extranjera o prestar una declaración ante la Administración Pública.

Legalización de documentos

Algunos ejemplos son: contratos o certificados empresariales extranjeros que deban presentarse ante una autoridad española para su reconocimiento, certificados académicos, certificados médicos o de antecedentes penales, documentación aportada en procedimientos de naturalización, testamentos otorgados en el extranjero, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, permisos de residencia, poderes notariales otorgados en el extranjero, …

Por supuesto, no siempre es necesaria la traducción jurada para confirmar la legalización de los documentos, como sucede con la mayoría de los documentos que se utilizan en el tráfico mercantil entre empresas y particulares.

Los contratos, acuerdos y pólizas de seguro no necesitan estar sellados por un traductor jurado para tener validez entre las partes, salvo que estas así lo convengan.

Aun así, sería prudente, por lo que se ha mencionado en este artículo, asegurar que los documentos y sus traducciones cuenten con un certificado de legalización.

Elena Ruiz (Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción, UAH)

[1] Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/Legalizaciones.aspx

[2] La figura del paralegal en los despachos españoles https://traduccionjuridica.es/la-figura-del-paralegal-en-los-despachos-espanoles/

[3] 8 preguntas sobre la traducción jurídica https://traduccionjuridica.es/8-preguntas-sobre-la-traduccion-juridica/

[4] La interpretación en tribunales: ¡grandes esperanzas! https://traduccionjuridica.es/la-interpretacion-en-tribunales-grandes-esperanzas/

[5] 10 preguntas sobre la traducción jurada https://traduccionjuridica.es/10-preguntas-sobre-la-traduccion-jurada/

Legalización de documentos

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